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TERMINAL PORTUARIO DE SAN ANTONIO - MULTA SOLICITADA POR FISCALIA ECONÓMICA DESINCENTIVA INVERSIONES




  • La Fiscalía Nacional Económica  solicitó una multa a tres empresas portuarias por un total de US$21,7 millones.
  • San Antonio rechaza acusación de abuso de posición dominante.
  • Según la fiscalía,  los comportamientos anticompetitivos de estas firmas les han permitido extraer rentas de un modo injustificado.
  • La FNE señala a la empresas - Terminal Pacífico Sur Valparaíso, San Antonio Terminal) y DP World San Antonio.


La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) aplicar multas a tres empresas portuarias por un total de US$21,7 millones, acusando "abuso de posición dominante".

Las reacciones no se hicieron esperar. La FNE señala en su requerimiento que cada una de estas empresas - Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW)- ejecutó un abuso de posición dominante, consistente en el cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, que comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por TPS, en septiembre de 2020 por STI y en febrero de 2021 por DPW.

 

Según la fiscalía, los comportamientos anticompetitivos de estas firmas les han permitido extraer rentas de un modo injustificado, más allá de que hubiesen obtenido bajos condiciones de competencia, "dado el carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para la recalada de sus naves", dijo.

Ante esto, el terminal portuario San Antonio Terminal Internacional (STI) respondió, rechazando la acusación. En primer lugar -en un comunicado- resaltó que es "una empresa regulada que cumple con la legislación que le es aplicable y respeta las normas de libre competencia, claves para el adecuado desarrollo del comercio exterior". "De este modo, el 'security fee' no ha excedido la tarifa máxima dentro de lo establecido en su contrato de concesión", afirmó la compañía.

En cuanto al requerimiento solicitado por la Fiscalía, la compañía expresó que "supone un cambio de opinión, pues ya se había estudiado el caso de TPS y descartado inconvenientes".

"En base a este antecedente, la EPSA validó la tarifa para STI.  Esta nueva posición afecta a todo el sistema portuario y su funcionamiento, y desincentiva las necesarias inversiones en materia de seguridad que requiere el comercio exterior, que por lo demás son exigidas por otros entes del Estado", cerró.

Emol  220324